Texto oficial
Artículo 12.- Los órganos y servicios públicos
regidos presupuestariamente por el decreto ley Nº 1.263, de
1975, con exclusión del Congreso Nacional, el Poder
Judicial, el Ministerio Público y la Contraloría General
de la República, necesitarán autorización previa de la
Dirección de Presupuestos para efectuar inversiones y
gastos en proyectos nuevos, de continuidad o arrastre en
Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC),
cuando éstas no hayan sido aprobadas durante el proceso
EVALTIC correspondiente, o por el Ministerio de Seguridad
Pública, conforme a lo dispuesto en la letra h) del
artículo 6 de la ley Nº 21.730, habida consideración de
las directrices técnicas proporcionadas por EVALTIC, o
aquellas que no formen parte de un proceso de compras
coordinadas comunicado por la Dirección de Compras y
Contratación Pública y autorizado por la Dirección de
Presupuestos.
Los órganos y servicios públicos de la
Administración del Estado incluidos en esta ley
necesitarán autorización previa de la Dirección de
Presupuestos para adquirir, a cualquier título, toda clase
de vehículos motorizados destinados al transporte terrestre
de pasajeros y de carga, cuyo precio supere el que fije
dicha Dirección.
Se exceptúa de las disposiciones anteriores a la
Agencia Nacional de Inteligencia, a las Fuerzas Armadas y a
las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, sólo respecto de
compras de material bélico, de vehículos de color
institucional a que se refiere el Reglamento de Vehículos
para Carabineros de Chile N° 20 y su directiva, de los
vehículos operativos de la Policía de Investigaciones, y
de aquellas asociadas a labores de inteligencia.
La Dirección de Presupuestos establecerá los
parámetros técnicos, montos máximos, e impartirá
instrucciones específicas respecto de las autorizaciones
indicadas en los incisos anteriores y las requeridas para
celebrar los contratos señalados en el artículo 14 de la
ley N° 20.128, sobre responsabilidad fiscal, y podrá
establecer los mecanismos de adquisición de los productos o
contratación de los servicios, y cualquier otra modalidad o
procedimiento que ella determine.