Texto oficial
Artículo 212°-6.- Incompatibilidades. El cargo de
consejero del Consejo Directivo es de dedicación exclusiva
y será incompatible con todo cargo o servicio remunerado
que se preste en el sector público o privado. No obstante,
los consejeros podrán desempeñar funciones en
corporaciones o fundaciones, públicas o privadas, que no
persigan fines de lucro, siempre que por ellas no perciban
remuneración.
Asimismo, es incompatible la función de consejero con
la condición de tenedor, poseedor o propietario de acciones
o derechos, por sí o a través de terceros, de una persona
jurídica sujeta a la coordinación del Coordinador, de sus
matrices, filiales o coligadas.
Las personas que al momento de su nombramiento les
afecte cualquiera de dichas condiciones deberán renunciar a
ella. Las incompatibilidades contenidas en el presente
artículo se mantendrán por seis meses después de haber
cesado en el cargo por cualquier causa. La infracción de
esta norma será sancionada por la Superintendencia,
pudiendo servir de causa justificada para la remoción del
respectivo consejero.
Las incompatibilidades previstas en este artículo no
regirán para las labores docentes o académicas siempre y
cuando no sean financiadas por los coordinados, con un
límite máximo de doce horas semanales. Tampoco regirán
cuando las leyes dispongan que un miembro del Consejo
Directivo deba integrar un determinado comité, consejo,
directorio, u otra instancia, en cuyo caso no percibirán
remuneración por estas otras funciones.
Cuando el cese de funciones se produzca por término
del periodo legal del cargo o por incapacidad sobreviniente,
el consejero tendrá derecho a gozar de una indemnización
equivalente al total de las remuneraciones devengadas en el
último mes, por seis meses. Si durante dicho período
incurriere en alguna incompatibilidad perderá el derecho de
gozar de tal indemnización desde el momento en que se
produzca la infracción.
La infracción de lo dispuesto en el presente artículo
será sancionada por la Superintendencia, pudiendo servir de
causa justificada para la remoción del respectivo
consejero.