Texto oficial
Artículo 26° El Gobernador deberá residir
ordinariamente en la capital del departamento, asistir a su
despacho y dar audiencia al público los días y horas que
se fijen.
El Gobernador es Subdelegado de la subdelegación en que
está la capital del departamento.
Tendrá las siguientes atribuciones:
a) Atender a los fines de justicia social, educación,
salubridad, trabajo, moralidad pública y asistencia, que
corresponden a la misión gubernativa;
b) Procurar socorros en circunstancias extraordinarias,
graves o urgentes, como ataque exterior, conmoción
interior, paralización colectiva de faenas, o en casos de
incendios, terremotos, inundaciones u otras calamidades en
que no pueda retardarse el auxilio sin grave daño.
Para estos efectos, con autorización del Ministerio del
Interior y Seguridad Pública, podrá girar contra la
Tesorería Fiscal partidas no superiores a veinte mil
escudos (E° 20.000), cada una, y hasta las sumas que sean
necesarias, debiendo dar cuenta documentada de la inversión
a la Contraloría General de la República.
Para el mismo objeto podrá requerir, con igual
autorización, vehículos que pertenezcan a los servicios
sujetos a su fiscalización y ocupar cualquier inmueble de
estos servicios, mientras dure la situación de emergencia;
c) Conceder permisos para portar armas prohibidas hasta
por un año;
d) Conceder permiso para todo acto en que la ley exija
intervención de la autoridad competente sin determinarla;
sin perjuicio de las atribuciones que en esta materia
correspondan a las Municipalidades, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 58° de la ley 11860;
e) Ejercer la vigilancia y cuidar de la conservación de
los bienes del Estado, fiscales o nacionales de uso
público, cuidar que se respeten en el uso a que están
destinados y, en especial, impedir que se ocupen en todo o
en parte, se realicen obras, se lleven a efecto resoluciones
o se ejecuten otros actos que embaracen o perturben el uso
común;
f) Exigir administrativamente la restitución de
cualquier bien de propiedad fiscal o perteneciente a
entidades del Estado con patrimonio distinto al del Fisco, o
nacional de uso público, que esté indebidamente ocupado.
En caso de oposición, podrá hacer uso de las facultades
que le otorga la presente ley.
Si el ocupante exhibe un título aparente de ocupación
o de mera tenencia, enviará los antecedentes al Consejo de
Defensa del Estado para su pronunciamiento, dando cuenta a
los Ministerios del Interior y Seguridad Pública y de
Tierras y Colonización. En el intertanto, se abstendrá de
actuar.
Los Conservadores de Bienes Raíces estarán obligados a
comunicar al Gobernador las inscripciones de propiedades de
particulares que no tengan título anterior inscrito;
g) Nombrar a los Jueces de Subdelegación y de Distrito,
a propuesta en terna del Juez de Letras del Departamento.
Conocerán también de las excusas para servir estos
cargos, oyendo previamente al Juez de Letras de Turno en lo
Civil, con arreglo a lo dispuesto en el Código Orgánico de
Tribunales;
h) Hacer cumplir las obligaciones que impone la Ley de
Imprenta a los impresores y directores de cualquier
publicación;
i) Conceder permisos de caza y pesca. Los permisos
contendrán la prohibición de utilizarlos en tiempos de
veda;
j) Llevar un registro de todas los propiedades fiscales
de su jurisdicción, para lo cual el Ministerio de Tierras y
Colonización les proporcionará los datos correspondientes;
k) Visitar con frecuencia las oficinas del Registro
Civil, de Correos y Telégrafos y de Hacienda, las Escuelas,
Cárceles y demás servicios y establecimientos sujetos a su
fiscalización y comprobar la existencia de fondos, dando
cuenta a la Contraloría General de la República y a la
jefatura superior del servicio de las irregularidades y
faltas que notare, y
l) Enviar anualmente, en el mes de enero, al Intendente
de la provincia, una memoria sobre las mejoras realizadas en
el departamento durante el año anterior y sobre las
necesidades que el Gobierno deba atender.